José Miguel Marín
Presidente de COAG.
En los últimos días ha surgido un singular debate en las esferas políticas, mediáticas, sociales (virtuales y tradicionales) y, como no podía ser de otra manera, en el ámbito estrictamente sectorial.
Aquellos que tenemos el honor de representar al sector agrario hemos estado algo más ocupados de lo habitual atendiendo a los medios, para tratar de aportar algo de luz a una cuestión trascendente, porque su fondo va más allá de una simple dicotomía entro lo macro y lo micro o entre lo intensivo y lo extensivo. A pesar de que estamos ante una cuestión que se ha presentado de manera simplista, y con intereses electorales, a raíz de unas desafortunadas afirmaciones del ministro Garzón, al que, desafortunadamente, siempre se le malinterpreta. Resulta paradójico que este ministro cuestione algunos de nuestros alimentos, cuando son excelentes; pero no se preocupe por los productos que entran en España de países terceros, que en no pocas ocasiones incumplen con los estándares de calidad exigidos.
El Ministro de Consumo es un claro exponente de cómo desde las Administraciones, especialmente desde las más alejadas de nuestros pueblos -Estatal y Europea- se legisla sobre unas realidades -agrarias y rurales- que les resultan ajenas. A los que habitamos los pueblos de España y trabajamos sus campos con el afán de poder mantener a nuestras familias, como hicieron nuestros padres y abuelos, produciendo alimentos sanos y de calidad, tal y como acreditan los organismos oficiales de control, nos causa verdadera estupefacción escuchar afirmaciones disparatadas, proclamadas desde la moqueta de algunos despachos y, lo que es aún más grave, tener que acatar algunas disposiciones normativas que son menoscaban nuestra labor.
En cualquier caso, bienvenida sea esta fugaz polémica sobre las macro granjas para que los profesionales del campo podamos expresar nuestra modesta, pero sin duda docta, opinión.
Desde la noche de los tiempos hemos tratado de trabajar la tierra de la mejor manera posible, optimizando como nadie los recursos, y en armonía con nuestros entornos naturales, para ofrecer alimentos a la sociedad. Como en cualquier actividad, los avances tecnológicos nos han permitido incrementar las producciones a través de métodos intensivos en agricultura y ganadería. De otra manera no sería posible alimentar satisfactoriamente a la población mundial y tendríamos a una gran parte de la sociedad con carencias nutricionales, incluso en el primer mundo, y a otra parte, aquella que tuviera recursos económicos abundantes, correctamente abastecida de fruta, verdura y productos cárnicos.
Las prácticas intensivas son necesarias y compatibles con la sostenibilidad de los recursos y los entornos naturales, un modelo que se armoniza con la agricultura y la ganadería extensiva, puesto que no se trata de realidades opuestas, sino que estamos hablamos de ámbitos compatibles y complementarios, necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Nuestra ganadería intensiva está perfectamente regulada, la normativa sobre bienestar animal y las disposiciones sobre control ambiental aseguran la pulcritud de esta modalidad de producción.
Las prácticas extensivas, además de alimentos saludables y organolépticamente aventajados, aportan retornos intangibles y valiosos: fijan población en los entornos rurales, que custodian y mantienen vivos; preservan cultivos de montaña, esenciales para los suelos; y mantienen una ganadería autóctona, que limpia el monte y abona los suelos, con lo que se evitan grandes incendios y se protege la biodiversidad natural de los diferentes hábitats, empezando por el homo sapiens. Este modelo extensivo, no compite con el intensivo; pero requiere de un apoyo decidido de las Administraciones, algo que ha quedado en cuestión con la Reforma de la PAC, cuyas palabras sobre la importancia de preservar habitados los entornos rurales y promover la sostenibilidad no se compadecen con los recursos que pretenden destinar a estas cuestiones.
Dicho esto, es importante señalar que más que el tamaño es relevante la propiedad de las granjas, siendo evidente que las iniciativas locales, autónomos y pymes, no tienen capacidad para movilizar recursos económicos capaces de implantar mega granjas como las que se pueden ver en otras partes del planeta. Lo relevante es que la producción de alimentos sea una actividad sostenible -social, económica y medioambientalmente-, saludable para los consumidores y desempeñada por verdaderos profesionales del campo.
Lo que verdaderamente nos preocupa es que esta labor pase a ser desempeñada por operarios al servicio de grandes fondos de inversión, y que estás multinacionales sean capaces de concentrar la oferta y, posteriormente, controlar los mercados y fijar los precios. Este es el verdadero debate: ¿Qué modelo de producción de alimentos queremos? Advirtiendo que los grandes fondos de inversión se han dado cuenta de que los agricultores y ganaderos producimos alimentos -que son energía-, quizá si miramos el precio que tiene la electricidad y los combustibles, podamos, al menos intuir cuál es el modelo que más nos interesa como sociedad.