José Miguel Marín Marín. Presidente de COAG-IR Murcia.
La alteración del clima es algo que cualquier ciudadano puede constatar; ya no es necesario acudir a la comunidad científica, nosotros mismo podemos verificar sus primeros efectos. Sabemos que, tras las primeras alteraciones evidentes, como temperaturas anormalmente elevadas y fenómenos tormentosos extremos, sufriremos escenarios cada vez más extremos si no avanzamos, diligentemente, en la descarbonización del planeta.
Para los agricultores y los ganaderos de toda España y -quizá con más intensidad- para los profesionales del sector agrario de nuestra Región de Murcia, las primeras amenazas del incipiente cambio climático se están materializando con severas consecuencias, que se proyectan más allá del sector primario, puesto que también se trasladan al mercado de productos esenciales, a los alimentos y a sus consumidores: los ciudadanos.
En lo que llevamos de año 2022 hemos sufrido en nuestra Región una feroz sequía hasta el mes de marzo, seguida, de forma abrupta, de unas precipitaciones sin precedentes: en apenas dos meses ha llovido en nuestro territorio lo mismo que en dos años; con el colofón de unas heladas persistentes en primavera, que han sido antesala, sin solución de continuidad, de unas temperaturas extremadamente altas para la época.
Nuestros cultivos y nuestra cabaña han de adaptarse, en la medida de lo posible, a un marco climático de extremos, con episodios inesperados, que nos adelanta floraciones por calores tempranos, para luego arrasar sus frutos con granizos y heladas tardías; o con lluvias torrenciales que anegan nuestros campos, pudriendo cosechas completas.
El sector primario español es uno de los pilares básicos de nuestro bienestar, porque, junto con el turismo, es uno de nuestros los grandes motores de nuestra economía y, por otra parte, porque nos ayuda a tener cubiertas una de nuestras necesidades más elementales: comer. La alimentación, posiblemente junto con la sanidad y la educación, conforman el trípode elemental para cualquier sociedad.
Por tanto, aún con una situación climática hostil, es necesario mantener a salvo la actividad que nos proporciona riqueza y alimentos. Tradicionalmente, las civilizaciones se han asentado en territorios que pudieran garantizar la soberanía alimentaria. Depender de las producciones foráneas es garantía de sufrir, tarde o temprano, graves crisis de suministros básicos o, en casos más extremos, hambrunas.
La alarma sectorial y social que nos llega a través de los medios de comunicación cuando los fenómenos meteorológicos adversos arrasan nuestras cosechas, que son los alimentos que nutren a nuestros ciudadanos y la base de una vida saludable, no deben quedar en la memoria como acontecimientos infaustos sin mayor proyección; deben ser tomados como un serio aviso de las graves amenazas que se van materializando de forma inexorable, y frente a las que es preciso articular, con carácter urgente, respuestas eficaces. Los agricultores y los ganaderos tratamos de ajustar nuestras cosechas y seleccionar las variedades y las razas que mejor adaptación puedan ofrecer; pero, nuestras producciones están a la intemperie, a merced de las inclemencias naturales y de una climatología cada año más hostil.
Es preciso que las Administraciones, como garantes del bienestar social, se impliquen en esta trascendental misión y, para ello, han de ir más allá de los lamentos y de los pequeños parches que se aplican cuando se pierden las cosechas, como ha ocurrido este año. Frente a un problema estructural es necesaria una solución consistente y estable, porque cada vez que se pierde una cosecha la viabilidad de muchas explotaciones quedan en grave riesgo, fundamentalmente las familiares.
COAG-IR Murcia ha defendido, desde hace más de cuarenta años, el sistema de seguros agrarios como garante de la permanencia de las explotaciones agrarias, como una herramienta básica para la gestión del riesgo en un sector estratégico. Por eso, y ahora más que nunca, pedimos que se refuerce y modernice el seguro agrario, acometiendo una reforma global del sistema, en la que han de ser revisadas las líneas de aseguramiento y las coberturas, para avanzar hacia una adaptación real y sostenible a la nueva realidad del campo español y murciano. Abogamos por que el seguro agrario sea de contratación obligatoria en los casos de perceptores de ayudas públicas, ya que la viabilidad del sistema ha de considerarse de interés general.
Las Administraciones públicas, tanto central como autonómicas, han de apoyar debidamente las necesidades económicas del seguro, para superar el sistema actual, que busca equilibrarse a través del incremento de las primas, entrando en una espiral de peligrosas consecuencias. Los seguros del sector agrario tienen que entenderse como un mecanismo de garantía, que mantenga nuestro tejido agrícola y ganadero, en beneficio de la seguridad alimentaria, en beneficio de todos.