En defensa de nuestra despensa
Miguel Padilla Campoy, Presidente de COAG-IR Murcia.
Valorar y defender el sector agrario de nuestra Región es, o debería ser, tarea de todos los murcianos, porque su fortaleza favorece el bienestar de los que habitamos esta Comunidad. La actividad agroalimentaria en su conjunto genera el 20% de nuestro Producto Interior Bruto, a través de 4.300 empresas agroalimentarias y 40.000 pequeñas empresas agrarias, y las labores en el campo aportan, directamente, el 12% del empleo de la Región. Nuestra particular balanza comercial se mantiene en equilibrio gracias a la enorme aportación del sector agrario y de la industria agroalimentaria, que agregan el 50% de total de nuestras ventas en el exterior, principalmente frutas, hortalizas y cítricos. Además, gracias a la generosa actividad del sector primario, nuestras comarcas están entre las que menos desequilibrios de población registran en España, con lo que se garantiza una gestión sostenible del territorio.
Los murcianos y las murcianas tenemos la tranquilidad de encontrar muy próximos a nuestros hogares todo tipo de explotaciones agrícolas y ganaderas, una garantía en períodos económicamente críticos o en episodios de crisis sanitarias, como el que estamos soportando. Afortunadamente, la ciudadanía murciana no es ajena a esta realidad, reconoce la actividad de nuestros agricultores y ganaderos, y es sensible a las reivindicaciones de este colectivo, en especial sobre los bajos precios de venta que perciben, una de las principales injusticias que sufre el agro español.
Realmente, es preciso actuar frente a las amenazas que se ciernen sobre nuestro sector agrario: los bajos precios que recibimos los agricultores y ganaderos comprometen la viabilidad de nuestras explotaciones, mientras que los costes de producción son cada día más altos y sensiblemente más elevados que en los países extracomunitarios, cuyos productos entran en el mercado europeo a competir con los nuestros, sin soportar los mismos costes laborales, fiscales o medioambientales; en muchos casos, el mercado alimentario europeo es ofrecido como contrapartida para obtener ventajas en las exportaciones industriales de otros países del norte de la Unión Europea.
En el ámbito estatal, es prioritario perfeccionar la Ley de Cadena Alimentaria, para conseguir un reparto justo del valor de los productos agroalimentarios entre los distintos eslabones que operan entre el campo y la mesa. Esta Ley, que en sí ya es un avance importante, contempla el coste de producción para la fijación de los precios en los contratos: para evitar la destrucción de valor en la cadena, cada operador deberá pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto objeto de contrato, en base a criterios imparciales y públicos.
Todo esto tiene sentido, pero debe encontrar una adecuada aplicación práctica y la mejora de algunos de sus aspectos. Habría que regular la denominada “venta a pérdidas”, una práctica comercial para captar la atención del consumidor, utilizando algún producto como reclamo, pero que, dada la posición de dominio de la distribución, siempre acaba repercutiendo sobre el eslabón más débil: el productor agrario de la mercancía seleccionada para incrementar el flujo de compradores. También deberían ampliarse las funciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria, y establecer un compromiso cabal en la elaboración de los índices de costes, que sirvan de referencia objetiva para la fijación de precios en los contratos de compraventa, y en los que han de reconocerse de manera rigurosa todos los costes de producción.
La concentración creciente de la producción agraria es otra señal de alarma que debe preocupar al ciudadano y ocupar a nuestras administraciones. Es preciso recordar que la alimentación es un derecho esencial, y que la población debe tener garantizado al acceso a unos alimentos saludables a precios asequibles. La concentración de las actividades agroalimentarias en manos de grandes fondos de inversión podría resultar una amenaza clara para los dos extremos de la cadena agroalimentaria: el campo y la mesa, separados por actores que capta un valor económico desproporcionado en perjuicio de ambos extremos: a unos se les retribuye con precios de mera subsistencia, mientras a los otros se les incrementa cada día el precio de la cesta de la compra. La solución sería una mayor cercanía entre el productor y el consumidor, algo que las nuevas tecnologías comienzan a facilitar; pero, si antes de fraguar este incipiente modelo comercial, desaparecen los pequeños agricultores y ganaderos, el consumidor quedará a merced de una distribución orientada al máximo beneficio, y el campo condenado a la despoblación.
Murcia es ejemplo de hermandad entre lo urbano y lo rural, la propia capital es una fusión de asfalto y huerta, igual que la gran mayoría de poblaciones de la Región, que también están perfectamente comunicadas con sus entornos agrarios. Aprovechemos las oportunidades que ofrece nuestra tierra y nuestro clima, los jóvenes deben poner su mirada en el campo: Es el futuro.